Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla. Un estudio reciente reveló los claroscuros de una institución que no ha sido eficaz en la reparación, garantía y atención de los derechos humanos en Puebla.
El informe titulado Análisis de las labores de difusión y protección de los derechos humanos de la CDH Puebla expone, a través de tres ejes, las grandes ausencias de la comisión que está obligada a velar por la integridad de la ciudadanía.
Durante la presentación del trabajo, la Mtra. Rosario Arrambide González, directora del IDHIE, comentó la importancia de analizar este tipo de organizaciones, que deben generar acciones inmediatas ante las arbitrariedades que se viven en un contexto de crisis de derechos humanos, donde los feminicidios, la violencia y las desapariciones van al alza.
La coordinadora de este informe y responsable del Observatorio, la Mtra. Shanik Amira David George, expuso las principales deficiencias de la comisión: no cuenta con mecanismos de transparencia eficientes, no emite conciliaciones suficientes y no tiene una buena labor de difusión y capacitación en el estado de Puebla.
A 30 años de labores de la CDH estatal, no se sabe con certeza el número de quejas presentadas ante el organismo, ya que los datos expuestos en sus diversos canales de transparencia se contradicen. Aun así, se identificó que hubo un incremento considerable en el número de quejas entre 2019 y 2020, al pasar de 1,648 a 5,139.
“Son datos de la propia comisión y ninguno coincide. Eso nos genera preocupación porque, entonces, ¿cómo podemos hacer una sistematización para ver cuáles son las autoridades que violan más derechos humanos, o cuáles son más vulnerados, si ni siquiera el dato oficial es confiable?”, cuestionó.
La justificación ante este aumento fue la apertura de más canales de recibimiento de quejas, pero las soluciones, aseguró la académica, siguen sin ser una realidad. De los mecanismos de resolución con los que cuenta el organismo, los dos más recurrentes son la recomendación, que el implicado puede elegir si acepta o no, y la conciliación, que es un acuerdo entre las partes donde, se considera, hay mayor reparación.
Las cifras de conciliaciones emitidas en el lapso del informe son considerablemente más bajas a comparación de las recomendaciones, en las que no existen garantías de reparación del daño. Igualmente, no se han emitido recomendaciones generales, que son aquellas que la comisión puede generar ante una problemática generalizada en el estado y que todas las autoridades deben de cumplir.
A esto se suma una labor de difusión limitada, en la que las acciones que reportó el organismo para la elaboración de este informe ni siquiera coinciden con los programas a los que dice beneficiar, y no se hace una labor de difusión más allá de la capital poblana.
La Mtra. Silvia Chica Rinckoar, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A. C., recordó la urgencia de focalizar la mirada hacia las opacidades y deficiencias de las comisiones de derechos humanos, pues son el puente entre la sociedad y el Estado para garantizar una representación que vaya más allá de las apariencias.
“El papel de las comisiones de derechos humanos es producir un ejercicio de magistradura moral, y le corresponde ejercer un poder ciudadano y político […] En México, tienen el rol principal de hablar por los que no tienen voz”, expresó la experta.
