En México, el 90% de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+ decidió esconder su identidad o sexualidad por miedo a ser señaladas u hostigadas, y de quienes lo han externado, el 83% se ha enfrentado a chistes o burlas referentes a ello; en general, el 67% de la comunidad considera que sus derechos no son respetados (ENDOSIG). Estas cifras develan el panorama violento, discriminatorio y complejo en que subsiste este sector.
Esto fue expuesto en el informe La situación de los derechos humanos de las personas LGBTTTIQ+ en el estado de Puebla 2015-2021 realizado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla. En este documento se enmarcan los desafíos que existen para lograr el pleno reconocimiento de los derechos humanos de la diversidad sexual en México.
En la presentación de este informe, el director general del Medio Universitario de la Casa de Estudios, el Mtro. Alfredo Castillo Romero, dio cuenta de la importancia de exponer las deficiencias del Estado para brindar seguridad y atención a la comunidad LGBT+. A esto se suma la poca documentación que existe sobre la realidad de este sector, que limita de manera política y sustancial el acceso a una vida digna.
La Mtra. Ana Gamboa Muñoz, responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género del IDHIE y coautora de este documento, busca que el informe sea la semilla de un cambio estructural, sobre todo por las graves omisiones identificadas como la falta de denuncias y estadísticas oficiales, o la invisibilidad de la violencia ejercida contra ciertos grupos del espectro LGBT+.
La también autora y responsable del Observatorio Con los Ojos Abiertos: Por El Derecho a la Verdad, la Mtra. Shanik David George, complementó diciendo que, si bien el informe reconoce los avances legislativos que se han dado para el reconocimiento y defensa de este sector, aún existen alertas importantes en el accionar de las autoridades.
Algunas de estas son la discordancia entre los datos registrados por las instituciones que atienden las denuncias. Entre 2017 y 2021, la Fiscalía General del Estado registró 17 homicidios de personas LGBT+, mientras que su Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Comunidad LGBTTTIQ, tan solo registró un asesinato.
A esto se suman las estrategias ambiguas de las autoridades para hacer frente a esta problemática. A través de solicitudes de información y en informes de acciones públicas, las secretarías de Gobierno, Salud, Educación Pública, y Seguridad, así como el Sistema Estatal DIF, reportaron acciones de difusión y sensibilización, pero no esclarecieron cómo las llevan a cabo o si han sido de utilidad para la atención de la comunidad.
“[Este documento] es una apuesta política importante para visibilizar y nombrar aquello que no se habla y se ha invisibilizado históricamente. Es una apuesta política poner en datos esto que vivimos las personas de la disidencia sexogenérica”, dijo Jessica Techalotzi Zontlimatzi, feminista y activista del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social, A. C. (CAFIS), en la presentación del diagnóstico.
A esa opinión se sumó Tuss Fernández, presidente del Consejo Ciudadano de los Derechos Humanos e Igualdad entre Géneros del Municipio de Puebla. Para el activista, “este trabajo es precisamente lo que deberían de estar haciendo las instituciones del Estado y que no han hecho, y tan no lo han hecho que, en 43 solicitudes de información y los otros documentos utilizados, solo se encuentran discordancias”.
