La trata de personas es catalogada por diversos organismos como una problemática mundial, que priva a millones de personas del acceso a una vida digna. Las cifras en México son alarmantes, pues es un delito que sigue al alza desde 2020, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ante este panorama, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ de la IBERO Puebla presentó el informe Situación de la trata de personas en Puebla 2015-2022, que busca develar la situación que atraviesa la entidad en cuanto a este delito y analizar las acciones u omisiones del Estado para atenderlo, prevenirlo, investigarlo y erradicarlo.
La directora del IDHIE, la Mtra. Rosario Arrambide González, expuso las principales cifras encontradas en este informe, que expone la feminización, mercantilización y graves violaciones a los derechos humanos derivados de este fenómeno. Lo afirman las cifras: el 63% de las víctimas de trata en el estado de Puebla son mujeres, en su mayoría de más de 18 años.
También, se descubrió que se iniciaron 257 carpetas de investigación por el delito de trata: 2015 fue el año con mayor incidencia con 93, mientras que en 2021 se abrieron 49. En este rubro existe un retraso por parte de la Fiscalía en materia de seguimiento, pues al cierre de 2022 el 53.3% de las carpetas de investigación abiertas seguían en trámite.
Para este informe, el Instituto pidió a la Fiscalía General del Estado de Puebla un desglose puntual de las víctimas de trata rescatadas, pero solo obtuvo rangos generales. Para la Mtra. Ana Gamboa Muñoz, responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la IBERO Puebla, esta respuesta demuestra las deficiencias en el manejo de los registros del organismo.
De 2015 a 2022 se han emitido 66 sentencias por trata de personas en el estado de Puebla, de las cuales 52 fueron condenatorias. En el informe se denuncia que son muy pocas sentencias tomando en cuenta que se presentaron 257 denuncias, por lo que se estima que solo un 25.68% de las investigaciones iniciadas concluyen en una sentencia.
A esto se suman las graves deficiencias en la atención a víctimas, pues de 2015 a 2022 se emitieron 33 órdenes de protección a víctimas de trata, lo cual es poco considerando que se rescató a 280 víctimas en el mismo periodo.
“Las políticas de prevención no están siendo suficientes”, explicó la Mtra. Arrambide González, quien además remarcó la necesidad urgente de transparencia en las cifras de trata de personas. La falta de información frena la existencia de políticas públicas específicas que combatan esta problemática. Según las autoras, no existía ninguna investigación parecida a la presentada por el Instituto de la IBERO Puebla.
Lo anterior fue reafirmado por la Mtra. Shanik David George, responsable del Observatorio Con los Ojos Abiertos (OCLOA) del IDHIE, que evidenció las graves ausencias del Estado en esta problemática. A pesar de que existe un Protocolo Actualizado para Proteger y Asistir a Víctimas de Trata de Personas en el Estado de Puebla, hay un alto grado de incumplimiento en las acciones concretas que se establecen en este documento por parte de dependencias y organismos de administración pública estatal.
Otra falla grave para la erradicación, acción y prevención de la trata fue la ineficiencia de la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de los Delitos de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas, que no tiene sesiones con la periodicidad que le obliga la ley, lo cual ha obstaculizado su operación.
“Estos datos son tan solo las denuncias, porque las cifras de la ONU nos dicen que, por cada víctima, hay 20 víctimas más”, afirmó la Mtra. Rosario Arrambide. Por ello, en el informe se realizaron al menos 21 recomendaciones a 8 organismos estatales, que tienen como propósito fortalecer la labor interinstitucional de seguridad, prevención y acción contra la trata de personas en Puebla.
