El lunes 5 de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Congreso de la Unión un paquete de 20 reformas constitucionales. Estas abarcan diversos aspectos de la vida social, económica y política del país La iniciativa llega a ocho meses de culminar el sexenio y en medio de las campañas electorales.
Es en este panorama que académicas y académicos de la IBERO Puebla comparten sus impresiones, análisis y claves para comprender este nuevo paquete de propuestas y los efectos que podrían tener en la vida de las y los mexicanos.
“La Constitución no es una norma cualquiera”, explica el Lic. Joaquín Sánchez Cedillo, responsable de Proyectos en la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la IBERO Puebla. “Pone directrices al resto de las disposiciones que van a derivar en el orden jurídico, pero también tiene un contenido político que va a regir las relaciones entre el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”.
Es decir, la Constitución es uno de los principales órganos rectores de la sociedad mexicana, pues contiene importantes consideraciones para la actividad política y jurídica de nuestro país. Entender la relevancia de la Carta Magna es fundamental para dimensionar el impacto de una reforma constitucional, que es una modificación parcial o total a este documento.
Para el abogado, las reformas deben verse como un cambio que puede ser tanto para bien como para mal, y es por ello que existen mecanismos de defensa en caso de que las modificaciones carezcan “de especificidad”. Es decir, las propuestas no pueden ser normas ordinarias, sino que deben acotarse y contribuir de manera especializada al pilar normativo.
En caso de no atenerse a estas condiciones, existen los mecanismos de control de la constitucionalidad: las acciones de inconstitucionalidad, para que el orden jurídico no trastoque las normas generales, y las controversias constitucionales, que son juicios llevados por la Suprema Corte de Justicia cuando se considera que se vulnera el orden constitucional.
La propia Carta Magna tiene sus mecanismos de defensa en el artículo 135, que contiene el proceso a seguir en caso de querer hacer modificaciones o adiciones. Estas deben ser aprobadas no solo por el Congreso de la Unión, sino por cada congreso local del país.
“La reforma constitucional plantea un cambio no en el orden jurídico, sino también en el político. Hay que defender nuestra Constitución”. Así lo explica el Lic. Sánchez Cedillo, quien abre una semana de análisis de estas modificaciones constitucionales para el 2024. En los próximos días, especialistas de la IBERO Puebla comentarán las reformas relacionadas con la Guardia Nacional, pensiones, elecciones, pueblos originarios, salarios, organismos autónomos y la prisión preventiva.
