En México, la violencia contra personas y comunidades defensoras de los territorios se ha vuelto insostenible en los últimos tiempos, siendo 2022 el año con más agresiones registradas en la historia del país. Fueron 582 los atentados cometidos en al menos 197 eventos diferentes, lo que representó un aumento del 87% con respecto al 2021.
Este doliente panorama se discutió en el conversatorio Defendiendo la tierra y el territorio en Puebla, que se llevó a cabo en la IBERO Puebla. De la mano de actores internacionales, activistas y defensores de los derechos humanos, se sostuvo un diálogo horizontal que recogió las experiencias más crudas de esta persecución a activistas.
La directora del Instituto de Investigaciones en Medioambiente Xabier Gorostiaga, SJ, la Dra. Valentina Campos Cabral, celebró este evento que aporta a “la protección del derecho de las generaciones futuras a vivir en un medioambiente sano, al desarrollo sostenible y también a la protección de las personas defensoras del medioambiente”.
La problemática fue ilustrada por Juan Carlos Flores Solís, abogado defensor de Derechos Humanos de la Tierra y de los Pueblos Indígenas, y Alejandro Torres Chocolatl, defensor de Derechos Humanos de la Tierra y de los Pueblos Indígenas.
Ambos, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, han sufrido agresiones físicas, verbales, descalificaciones y campañas de odio; además, Juan Carlos fue preso político en 2014. Para él, “estamos defendiendo los derechos, pero es un deber que pasa por un panorama cruel”.
Alejandro Torres indicó que su labor es la clara muestra de las carencias latentes que hay en la sociedad mexicana: “Si de verdad hubiera equidad, igualdad, no estaríamos aquí. Qué necesidad habría si todo fuera armonía, paz y respeto a la Madre Tierra”.
Gracias a la campaña internacional Protejamos sus voces, activistas y defensores mexicanos han encontrado una alternativa para protegerse en medio del caos. Kristian Kumlin, jefe de Misión Adjunto de la embajada de Finlandia en México, explicó cómo este panorama aporta directamente al bienestar de las personas, gracias a la procuración de los derechos fundamentales.
“Estos derechos no se respetan por diferentes razones. Las comunidades son desplazadas de sus tierras y se les niega su derecho a decidir sobre su propio destino. Esto resulta en la destrucción de ecosistemas frágiles y la exacerbación de la desigualdad social. Es nuestro deber como sociedad y como individuos avanzar la justicia y la equidad en relación a los derechos humanos”, explicó.
