Pobreza, crisis ambiental, violencia y despojo. Esos han sido los resultados de la industria minera en México, cuyos daños son irreversibles y arrasadores sin importar el ámbito en que se inserte —ambiental, social o legal—. Así lo explicó la Dra. Leticia Merino Pérez, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, en la conferencia “Expansión de la minería en México y sus implicaciones socio ambientales”.
Esta sesión se inserta en el Seminario de Investigación Primavera 2023 del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, SJ de la IBERO Puebla, coordinado por la Dra. Valentina Campos Cabral, quien fungió como moderadora en este evento. Desde su perspectiva, estos espacios de diálogo son necesarios para abrir la discusión sobre la defensa por los derechos humanos en las comunidades afectadas por el extractivismo minero.
Para entender el fenómeno es necesario conocer el escenario histórico en el que se inserta. La Dra. Leticia Merina identificó un punto de quiebre para México en 1995, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Este paquete de reformas legales permitió la comercialización indiscriminada de los recursos naturales del país, en especial, sus minerales.
Este auge convirtió al país, y posteriormente a América Latina, en las regiones predilectas para la explotación de bienes a costa de un discurso de economía neoliberal que, hasta la actualidad, argumenta que es necesario para acabar con el hambre, la pobreza, y tener un desarrollo sustentable. Para la investigadora, estas promesas están vacías, y solo siguen un discurso colonial.
Las cifras dadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estiman que de 1970 a 2017 la extracción de minerales creció un 622%, en los que se alcanzaron 3,972 millones de toneladas al año. El subcontinente se encuentra en una paradoja al contener la mayor riqueza natural en el globo y las mayores tasas de deterioro ambiental.
México resulta entonces en el lugar ideal para las empresas transnacionales mineras, pues es el quinto país en el mundo con mayor diversidad biológica, y alberga grandes depósitos de litio, oro y cobre. Además, la ley minera de 1992 —aún vigente— beneficia y avala la extracción de minerales de forma masiva y prácticamente sin restricciones.
“Nos encontramos con la paradoja de que a partir de regiones muy pobres están generando en los mercados financieros grandes ganancias, que generalmente se van fuera del país sin generar un solo empleo, ni un solo peso de impuestos. Esta es una situación aberrante que permite la ley [minera] del 92”, sentenció la experta.
Esta ley favorece a las concesiones con 50 años de funciones, y con capacidad de renovar a otros 50 más, lo que da pie a la especulación financiera, pues acceden a grandes extensiones de tierra sin hacer uso de ella, pero se mantienen con la promesa de generar ganancias a largo plazo. La investigadora aclaró que la minería apenas aportó el 0.9% al PIB nacional en 2017, y el 0.52% en la recaudación fiscal de 2019.
A lo anterior se suma el deterioro a la salud al que se exponen las comunidades que están cerca de las minas, que se ven fuertemente afectados por la minería a cielo abierto. Esta práctica es la más nociva y la más recurrente, ya que consiste en perforar la corteza superficial del suelo e inyectar grandes cantidades de agua o químicos para extraer minerales con facilidad, lo que contamina el agua que llega a los hogares y mata los suelos para siembra.
