Redacción
La prisión preventiva es una medida cautelar que se aplica a aquellas personas que han cometido un delito y que, a criterio de un juez, son detenidas sin contar con una sentencia porque pueden poner en riesgo a las víctimas o el proceso de investigación. Esta medida ha puesto en jaque a los sistemas de justicia nacionales e internacionales, porque su ejecución puede resultar en graves violaciones a los derechos humanos.
Esto explicó el Mtro. Simón Hernández León, coordinador de la Licenciatura en Derecho y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la IBERO Puebla, en la conferencia Prisión preventiva, criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, auspiciada por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).
El presidente de la ANADE en Puebla, el Lic. Walter Alejandro Castillo Rodríguez, moderó esta conferencia que, en sus palabras, aborda un tema relevante en la actualidad gracias a su impacto a nivel federal, que se ha enmarcado en una etapa de “garrote político” por la rigidez con la que se ha discutido.
En ese sentido, el Mtro. Simón Hernández utilizó una de sus experiencias de litigio para desglosar las implicaciones de esta medida cautelar en la realidad: Un caso de homicidio que se enmarcó en un entorno político específico y que propició diversas prácticas violatorias de derechos humanos contra el detenido.
Este caso condujo a un extenso proceso que ha dado cuenta de la complejidad de estos procesos judiciales, que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pueden llegar a durar hasta 20 años; lo que, para el experto, también habla de la impartición de justicia en el país. El caso de referencia está cerca de cumplir 15 años en prisión preventiva oficiosa.
“¿Cómo se sostiene una familia tratando de resolver una situación jurídica en estas condiciones donde no hay seguridad para nadie? Y donde incluso vienen otras situaciones, porque ya falleció alguno de los herederos y entonces eso implica otro proceso, y es el cuento de nunca acabar en la justicia”, explicó.
