Por Miranda Briones

Con la presencia de los distintos consejeros de Participación Ciudadana, Marissa Cristina Farfán Delgadillo, presidenta ejecutiva de la Junta Directiva, hizo un llamado al respeto institucional y a la legalidad. Esto, ante las recientes controversias sobre el funcionamiento interno del organismo y el presunto hostigamiento sistemático por parte de la Secretaría Ejecutiva, señalada por intervenir de manera injustificada en la remoción de cargos.

Durante su intervención, enfatizó que la Secretaría Ejecutiva carece de facultades legales sobre la desintegración de los consejos. Esto se respalda en el capítulo 8 del Código Reglamentario Municipal (COREMUN), donde se indica que sus funciones son estrictamente administrativas y de soporte; no tiene la facultad de intervenir, suspender o cesar a integrantes de los órganos de representación ciudadana.

Indicó que este proceso le corresponde a los propios consejos, por medio de votación, y la autoridad municipal competente, con quién asegura que no han podido dialogar desde su último encuentro, además de que en sus intentos actuales han recibido negativas.

Por su parte, el consejero de turismo, Angel Osorio, informó que se cuenta con 21 Consejos en temas de seguridad pública, movilidad urbana, medio ambiente y desarrollo social, liderados por 475 consejeros, de los cuales, 213 ya cumplieron su término, quedando sólo el 30 por ciento del total de consejeros en función y no alcanza el mínimo para conformar una mesa directiva.

Ante esta crítica situación, el consejero indica la necesidad de agendar una reunión con el presidente municipal para tratar el oficio entregado al IMPLAN el 16 de junio, que solicita atender cuatro peticiones principales:

• Emitir las invitaciones a instituciones civiles y colegiadas para efectos que se propongan los ciudadanos que representen los diversos consejos, es decir, poner en marcha el proceso de suplantación de cargos bajo las condiciones estipuladas.

• Que los consejeros a cargo sigan operando hasta que se integren los nuevos miembros y sirvan como asistentes guías en su formación.

• La abstención de la Secretaría de violentar los derechos de las mesas directivas de los consejos y la restauración de la forma de trabajo establecida.

•Que toda modificación normativa, administrativa o programática, relacionada con los Consejos de Participación Ciudadana, debe ser sometida, previamente, al conocimiento, discusión y aprobación de los órganos correspondientes.

En respuesta, la presidenta ejecutiva indica estar consciente de la necesidad de este cambio pero insiste en que se deben buscar los mecanismos apropiados para hacer la transferencia de manera ordenada y conforme a la voluntad ciudadana, cuestión que no se llevó a cabo y, en su lugar, hubo actos desapegados a la ley en contra de los consejeros.

Finalmente, recalcó que los consejeros son ciudadanos que no trabajan bajo ningún fin de lucro, por lo que exige que se respete esta labor democrática por y para la ciudadanía.